Desde 1950 Asistencia Jurídica (ahora llamada financiación pública o financiación del Servicio Legal de la Comunidad) ha puesto los servicios de solicitors y barristers a disposición de aquellos que no pueden pagar. Teniendo en cuenta sus recursos económicos y los méritos de su caso, los clientes particulares recibían asesoramiento jurídico y los servicios de un solicitor que quisiera hacerse cargo del caso. La presión sobre el presupuesto del servicio de asesoramiento jurídico gratuito fue utilizado para justificar un serie de cambios fundamentales en el sistema. El exámen de los méritos del caso se ha hecho más estricto y los servicios disponibles para obtener asistencia jurídica son solamente los de aquellos solicitors y las agencias sin fines de lucro con contratos concedidos por la Legal Services Commission (La Comisión de los Servicios Legales) como un parte del Community Legal Service (El Servicio Legal de la Comunidad). La Legal Services Commission será abolido pronto y su trabajo será hecho par el Ministerio de la Justicia.

Sólo aquellos que no disponían de recursos recibían suficiente asistencia para poder pagar los servicios jurídicos disponibles. Durante los años 60, se iba haciendo cada vez más evidente que muchas personas desfavorecidas tenían problemas que los servicios legales disponibles no podían satisfacer. El sector voluntario trató de satisfacer esta necesidad, particularmente en el asesoramiento sobre la vivienda, trabajo, inmigración, asistencia social y endeudamiento. En el Reino Unido existía, y continúa existiendo, la red de centros populares de consejo más grande del mundo, son las llamadas "Citizens Advice Bureaux" (Las Agencias de Consejo para Ciudadanos). Las CABx están promovidas y asistidas por NACAB (La Asociación Nacional de Agencias de Consejo para Ciudadanos). También existe un gran número de centros independientes de asesoramiento jurídico, representados por Advice UK.

Sin embargo, estas CABx y estos centros de asesoramiento jurídico normalmente carecen de profesionales diplomados en derecho. Se han creado centros de ley en algunas regiones para intentar cubrir el vacío legal existente, aunque la mayoría de las regiones aún no tienen uno. Lo normal es que un centro de asesoramiento jurídico cuente como mínimo con dos abogados diplomados, apoyados por asistentes sin título de derecho y personal administrativo. Los centros de asesoramiento jurídico están promovidos y asistidos por la Law Centres Federation (La Federación de Centros de Ley). Los centros de asesoramiente jurídico y consejo son financiados por el gobierno y por organizaciónes beneficias y sus servicios son gratuitos.

El Gobierno propone reducir las ramas del derecho donde financiación pública será disponible y reducir la remuneración de solicitors y barristers. Hay mucho oposición (Justice for All) y las propuestas no ha sido implementado todavía.